El Gobierno de Page recurre al Constitucional el reparto de menores migrantes porque no reciben "ni un euro"

El pasado mes de febrero el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la ley de extranjería para redistribuir a los menores migrantes en las 17 Comunidades Autónomas. Los primeros cálculos apuntaban a que Castilla-La Mancha acogería a un total de 291 migrantes.

Sin embargo el pasado mes de mayo, la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, explicó que las primeras informaciones que llegaban era que "lo que se plantea es que más de 500 menores, más de 600 incluso, puedan traerlos directamente y dejarlos en Castilla-La Mancha para que los atendamos. No cabe en la cabeza de nadie que se pueda hacer de manera abrupta".

Ante esta situación, este martes el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado presentar un recurso al Tribunal Constitucional contra este decreto pactado por Pedro Sánchez con Junts, alegando falta de diálogo y de financiación para la acogida de estos niños. No es la primera en recurrir, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Extremadura y la Comunidad de Madrid ya lo hicieron anteriormente. Pero, se trata de la primera comunidad socialista en hacerlo.

Padilla, ha explicado en rueda de prensa que la decisión se toma tras recibir el informe del Consejo Consultivo, que considera que el decreto "se ha aprobado sin diálogo entre las comunidades autónomas y el Gobierno" y que "viene además sin compensación económica, sin financiación y, por lo tanto, pone en grave riesgo la garantía del interés superior del menor". Además, ha querido dejar claro que "no recurrimos para no atender. Recurrimos para atender dignamente a estos niños y contar con los recursos necesarios".

El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en que la solidaridad "no entiende de límites geográficos, y menos cuando estamos hablando de niños", pero reclama que acoger no es solo abrir la puerta, sino hacerlo con condiciones dignas y con los recursos adecuados.

La portavoz ha recordado que la región ya atiende a unos 1.000 menores y que el Ejecutivo regional no recibe "ni un euro" para atender a estos nuevos menores. Según sus cálculos, el coste de acoger a los menores que le corresponden a la comunidad superaría los 26 millones de euros anuales solo en Bienestar Social, sin contar sanidad ni educación.

Por su parte, Page ya defendió que la región "ha cumplido siempre, que no ha desatendido nunca a un emigrante y menos a un menor". Ha rechazado el concepto de "solidaridad obligatoria", al que ha calificado de "demagogia pura", y ha insistido en que el Estado debe asumir su responsabilidad en materia migratoria y aportar recursos cuando el problema supera la capacidad de las autonomías.

Desde el Gobierno regional se ha reclamado una partida de 250 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, con el objetivo de garantizar una acogida digna y de calidad para todos los menores migrantes no acompañados.

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